La Corte dejó firme un fallo que obliga a devolverle a Louis Dreyfus las retenciones al trigo que pagó de más en 2007 y 2008, incluida la de la resolución 125

El máximo tribunal declaró inadmisible el recurso de la Aduana y quedó firme la sentencia de la Cámara que invalidó esas resoluciones del Ministerio de Economía por falta de respaldo del Congreso. El monto a devolver, con intereses, se fijará en el Tribunal Fiscal.

La Corte Suprema de Justicia dejó firme un fallo que ordena al fisco devolverle a la cerealera Louis Dreyfus Company (LDC Argentina) los derechos de exportación que pagó de más en embarques de trigo alcanzados por resoluciones de 2007 y 2008, entre ellas la resolución 125 de retenciones móviles. Lo informaron La Nación e iProfesional el viernes 13 de noviembre. Aquella resolución, impulsada en 2008 por el gobierno de Cristina Kirchner, desató el conflicto con el campo que terminó con el voto «no positivo» del vicepresidente Julio Cobos en el Senado.

Qué decidió la Corte. El máximo tribunal declaró «inadmisible», con costas, el recurso extraordinario de la Dirección General de Aduanas. Lo hizo con el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial, que le permite rechazar un recurso sin entrar en el fondo del asunto. Firmaron Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti; este último aclaró en un voto propio que esa vía «no importa confirmar ni afirmar la justicia o el acierto de la decisión recurrida». Así quedó firme la sentencia de mayo de 2025 de la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, firmada por los jueces Sergio Gustavo Fernández y Jorge Eduardo Morán.

Por qué las anuló la Cámara. Para la Sala III, los derechos de exportación son tributos y, como tales, están sujetos al principio de reserva de ley: el Congreso debe fijar sus elementos esenciales o los límites dentro de los cuales el Poder Ejecutivo puede definir la alícuota. Según ese fallo, el artículo 755 del Código Aduanero es constitucional, pero no alcanza por sí solo, porque ni ese artículo ni la Ley de Ministerios fijaban una escala, un piso o un techo. La Cámara declaró la invalidez de las resoluciones 10/07, 369/07, 125/08, 64/08 y 182/08, firmadas por los ministros de Economía Felisa Miceli, Miguel Peirano, Martín Lousteau y Carlos Fernández, y de normas conjuntas de diciembre de 2008, porque no tuvieron ratificación legislativa. Aplicó el criterio que la Corte había fijado en 2014 en el caso «Camaronera Patagónica», sobre la resolución 11/2002.

Cuánto se devuelve. El reclamo que prosperó abarca la diferencia entre el 20% que LDC consideraba respaldado por la ley 25.645, de delegación de facultades de 2002, y las alícuotas más altas que pagó por esas resoluciones. La Cámara ordenó devolver las sumas con los intereses del artículo 811 del Código Aduanero, desde cada pedido de devolución. El fallo no consigna el monto total: se determinará en una liquidación en el Tribunal Fiscal de la Nación, donde empezó la causa.

Un expediente de más de diez años. LDC pidió primero a la Aduana la devolución de lo que consideraba pagado en exceso en embarques a países del Mercosur, con el argumento de que el cobro contrariaba el Tratado de Asunción. El 25 de agosto de 2015, todavía en sede administrativa, reformuló el planteo y cuestionó la falta de ratificación legislativa. La Aduana de Necochea rechazó los pedidos en 2018 y el Tribunal Fiscal confirmó esa decisión; la Cámara la revocó en 2025 y ahora la Corte cerró la vía del recurso.

Por qué importa. El caso vuelve sobre la discusión de fondo de las retenciones: quién puede fijarlas y con qué límites. El fallo alcanza a LDC y a las operaciones de ese reclamo; el rechazo por el artículo 280 no sienta por sí mismo un criterio general de la Corte.