Un excontratista de EE.UU. se declaró culpable de pasarle a Etiopía información secreta que, según el FBI, admitió que se usó en operaciones militares

Abraham Teklu Lemma trabajó en el Departamento de Estado, el de Justicia y la Oficina Nacional de Reconocimiento, y pedía usar drones contra los rivales del gobierno etíope. Su acuerdo prevé de 10 a casi 22 años de prisión; la sentencia será en abril.

Abraham Teklu Lemma, de 54 años, excontratista del gobierno de Estados Unidos, se declaró culpable el martes 3 de noviembre de conspirar para transmitir información de defensa nacional a un gobierno extranjero, Etiopía, informó el Departamento de Justicia, según AP. Trabajó como contratista informático en el Departamento de Estado, el de Justicia y la Oficina Nacional de Reconocimiento, a cargo de los satélites espía.

Según los fiscales, durante más de dos años le pasó secretos a altos funcionarios etíopes, instándolos a usar drones contra quienes combatían al gobierno. Esa información llegó a las ramas militar y de inteligencia de Etiopía entre 2021 y agosto de 2023, cuando fue arrestado. Roman Rozhavsky, funcionario de contrainteligencia del FBI, dijo que Lemma admitió que los funcionarios etíopes la usaron en operaciones militares.

«Terminar con esta gente»

Los fiscales citaron un mensaje de diciembre de 2021 en el que Lemma presionó a un contacto etíope: «Tenemos que terminar con esta gente de una vez por todas; si no, nunca habrá paz en Etiopía». Una declaración jurada del FBI de 2023 sostenía que envió imágenes satelitales de máxima reserva e informes clasificados por una aplicación de mensajería cifrada a operativos del gobierno etíope.

El Departamento de Justicia no reveló qué operaciones se hicieron con esos datos, ni si murió alguien por la filtración, y no nombró a los grupos armados contra los que se usaron. El gobierno de Etiopía no hizo declaraciones públicas.

La guerra de fondo

Las filtraciones empezaron durante la guerra de 2020-2022 entre fuerzas federales y combatientes de Tigray, en la que murieron unos 500.000 civiles por la violencia, el hambre y el colapso sanitario, según una estimación de investigadores de la Universidad de Gante. El acuerdo de Pretoria terminó con ese conflicto, pero los combates se reanudaron en septiembre, y fuerzas aliadas al gobierno entraron en Mekelle el 4 de octubre.

Qué sigue

El acuerdo prevé una pena de entre 10 años y 21 años y 10 meses de prisión, si lo acepta el tribunal. La sentencia está prevista para el 14 de abril de 2027.