Una jueza argentina ordenó frenar el proyecto petrolero Sea Lion cerca de las Malvinas

Una jueza federal de Tierra del Fuego, Mariel Borruto, ordenó este miércoles 16 de septiembre frenar las obras del proyecto petrolero Sea Lion, ubicado a 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas, hasta que se complete el procedimiento de evaluación de impacto ambiental ante la autoridad nacional competente. La medida cautelar prohíbe la perforación, la instalación de plataformas offshore y la construcción portuaria vinculadas al yacimiento, según reportó la agencia AP.

El fallo responde a una demanda civil presentada por abogados ambientalistas y veteranos de la guerra de 1982, que alertaron sobre riesgos de contaminación química, ruido submarino, tráfico de buques y eventuales derrames. En su resolución, Borruto reconoció que el cumplimiento de la orden "depende de la cooperación internacional y de la conducta" de las empresas involucradas, y señaló que la obra de infraestructura del proyecto ya había comenzado.

Sea Lion está a cargo de la israelí Navitas Petroleum y la británica Rockhopper Exploration, que proyectan el inicio de la producción comercial para 2028. Es uno de los desarrollos petroleros más grandes en danza en la plataforma continental cercana a las Malvinas, en un momento de renovada tensión bilateral entre Argentina y el Reino Unido por la soberanía del archipiélago.

El presidente Javier Milei había calificado la situación como un "peligro claro y urgente" para el reclamo de soberanía argentino y anunció, el 3 de septiembre, medidas contra las petroleras que operan en la zona. Su gobierno presentó tres denuncias penales contra Navitas y otras nueve empresas y ejecutivos por avanzar con operaciones sin autorización argentina, y prepara además una ampliación legislativa de las sanciones, según AP.

El Reino Unido rechazó que la legislación argentina tenga aplicación en las islas. "El derecho interno argentino no rige dentro de las Islas", señaló el gobierno británico, que sostiene que son los isleños —unos 3.500 residentes— quienes deben decidir el estatus del territorio, en referencia al referéndum de 2013 en el que votaron de forma casi unánime seguir siendo un territorio británico de ultramar. Con la ejecución del fallo dependiendo de la conducta de compañías que operan fuera de la jurisdicción efectiva argentina, la orden judicial se suma a la disputa diplomática de fondo. Según AP, por ahora no hay señales de que Navitas o Rockhopper vayan a suspender sus trabajos.