El Gobierno aprobó dos proyectos vinculados a TGS por US$ 3.244 millones en el RIGI: un ducto de 577 km de Vaca Muerta a Bahía Blanca y plantas para exportar propano, butano y gasolina desde 2030

Las resoluciones 1976 y 1977 de Economía, publicadas en el Boletín Oficial, suman una planta para procesar 1.200 millones de pies cúbicos diarios de gas en Tratayén (Neuquén) y un poliducto con una planta de fraccionamiento de 90.000 barriles diarios en Bahía Blanca. El Gobierno estima 19.000 empleos en la obra y exportaciones por US$ 1.100 millones al año.

El Ministerio de Economía aprobó la adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) de dos proyectos que forman un mismo circuito para procesar, transportar y exportar los líquidos del gas natural de Vaca Muerta. Las resoluciones 1976/2026 y 1977/2026, firmadas por Luis Caputo el jueves 12 y publicadas este viernes en el Boletín Oficial, suman inversiones en activos computables por US$ 3.244 millones. Los proyectos están vinculados a Transportadora de Gas del Sur (TGS) y se apoyan en su planta de Tratayén, en Neuquén.

El ducto y la planta de Bahía Blanca. El proyecto más grande, de US$ 1.849,6 millones, está a nombre de Midstream de Gas del Sur SA. Prevé un poliducto de 577 kilómetros y 20 pulgadas entre la planta Tratayén y General Daniel Cerri, en Bahía Blanca; una planta de fraccionamiento de 90.000 barriles diarios; tres ductos de transferencia de 16 kilómetros; una planta de almacenamiento y despacho, y conexiones en el puerto de Bahía Blanca. El destino son el propano, el butano y la gasolina natural, «predominantemente para su exportación», según la resolución 1976.

El procesamiento en Neuquén. El segundo proyecto, de US$ 1.394,7 millones, corresponde a Procesadora de Gas del Sur SA. Consiste en reconvertir los módulos criogénicos Propak P1 y P2, que hoy operan en Tratayén para acondicionar gas, y sumar dos nuevos, P3 y P4, para llegar a una capacidad de procesamiento de gas rico de 1.200 millones de pies cúbicos diarios. Allí se separarán los líquidos que luego viajarán por el nuevo ducto hasta la costa.

Plazos. Según los cronogramas que presentaron las empresas, la construcción de ambos proyectos empezó en mayo de 2026 y la operación comenzaría el 1 de febrero de 2030, con una vida útil de 30 años. En el caso del ducto, la sociedad se comprometió a invertir US$ 499 millones el primer año y US$ 607 millones el segundo, y fijó el 31 de julio de 2027 como fecha límite para alcanzar el monto mínimo exigido por el régimen. Los dos pedidos se presentaron el 5 de junio y el Comité Evaluador del RIGI recomendó aprobarlos el 19 de octubre.

Empleo y exportaciones. De acuerdo con estimaciones oficiales citadas por Infobae, las obras generarían unos 19.000 puestos de trabajo durante la construcción —no es la dotación permanente— y exportaciones por alrededor de US$ 1.100 millones por año una vez en funcionamiento. Esas cifras no figuran en las resoluciones.

Qué da el RIGI. Con la adhesión, los vehículos de proyecto acceden a los incentivos impositivos, aduaneros y cambiarios del régimen creado por la Ley Bases: la resolución aprueba la lista de bienes de capital que podrán importar con franquicia, le pide a ARCA una CUIT especial y comunica al Banco Central que aplique los beneficios cambiarios. En el caso del ducto, la sociedad y sus accionistas manifestaron su voluntad de resolver eventuales disputas por los mecanismos previstos en la ley, que incluyen el arbitraje internacional.

Por qué importa. Según la información oficial, las obras apuntan a ampliar la capacidad de evacuación de Vaca Muerta y permitir un mayor volumen de producción: sin plantas para separar los líquidos del gas y un ducto para llevarlos al puerto, esos productos no pueden exportarse a escala. Según un relevamiento de la Bolsa de Comercio de Rosario publicado el 9 de noviembre y citado por Infobae, el RIGI ya contaba con 27 proyectos aprobados por US$ 76.173 millones en compromisos de inversión, con petróleo y gas (US$ 46.158 millones) y minería (US$ 27.624 millones) como sectores dominantes. Son compromisos, no desembolsos ya realizados.

Qué sigue: las resoluciones deben notificarse a las empresas dentro de los cinco días; desde ahí corren los dos años en los que deberán acreditar al menos el 40% de la inversión mínima. La Secretaría de Energía queda a cargo del control.