La quinta Marcha Federal Universitaria terminó con incidentes frente al Congreso y al menos 25 detenidos, mientras un juez multa a Santilli por no aplicar la ley de financiamiento

Rectores, estudiantes y gremios reclamaron el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y advirtieron que «está en riesgo el funcionamiento de las universidades en 2027». El gasto en educación superior de 2026 está 25,3% por debajo del de 2023, según Chequeado. El Gobierno denunciará penalmente a los detenidos.

La quinta Marcha Federal Universitaria llevó este jueves 15 de octubre a estudiantes, docentes, no docentes y autoridades universitarias frente al Congreso para reclamar que el Gobierno cumpla la Ley de Financiamiento Universitario. La jornada terminó con enfrentamientos entre grupos de manifestantes y las fuerzas federales en la zona de las vallas, con al menos 25 detenidos y ocho efectivos heridos —cuatro de Gendarmería, dos de Prefectura y dos de la Policía Federal—, según Infobae, citado por Río Negro. Otras coberturas difundieron cifras mayores, que no pudieron cotejarse con un parte oficial.

La movilización, convocada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y los gremios del sector, tuvo su acto central a las 16 y contó con la adhesión de la CGT y la presencia del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, según Ámbito. El mismo día, la oposición no consiguió quórum en Diputados para tratar el rechazo al DNU 70/2023 y la emergencia en discapacidad, y ATE realizó un paro nacional de 24 horas.

Qué reclaman

El documento de la convocatoria advierte que «está en riesgo el funcionamiento de las universidades en 2027» y pide recomponer salarios, becas y partidas. Según Ámbito, el CIN, la FUA y el frente sindical reclamaron un 33,4% más de fondos que los previstos en el proyecto de Presupuesto 2027, un aumento de las becas Progresar —congeladas en $35.000 desde 2024— y la derogación del DNU 70/2023. Los organizadores sostienen que el Gobierno adeuda a los docentes una recomposición del 32%.

Según el relevamiento de Chequeado, el gasto en educación superior presupuestado para 2026 es de $6,2 billones: 5% más que en 2025 en términos reales, pero 25,3% menos que en 2023. El proyecto de Presupuesto 2027 prevé $7,5 billones, prácticamente sin cambios reales; para igualar el nivel de 2023 harían falta unos $10 billones. A septiembre se había ejecutado el 69% de la partida anual. En salarios, un auxiliar de primera con dedicación simple y diez años de antigüedad cobró $421.236 en septiembre, 24,2% menos en términos reales que en noviembre de 2023, según datos de Conadu citados por Chequeado.

La ley, el veto y la Justicia

La ley, sancionada en agosto de 2025, ordena actualizar el presupuesto universitario y los salarios docentes por la inflación acumulada desde fines de 2023. El presidente Javier Milei la vetó en septiembre de 2025 por falta de fuentes de financiamiento; tras el rechazo del veto en el Congreso, el Ejecutivo la promulgó en octubre de ese año, pero suspendió su ejecución hasta que el Congreso indicara de dónde saldrían los fondos, reconstruye Chequeado.

A pedido del CIN, el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N.º 11, a cargo de Martín Cormick, declaró inconstitucional ese decreto —el Gobierno apeló— y ordenó como medida cautelar cumplir los artículos sobre salarios docentes y becas, que la Corte Suprema ratificó. El miércoles, «atento el incumplimiento verificado», el juez fijó multas de $100.000 por día al jefe de Gabinete, Diego Santilli, y aclaró que el monto y los funcionarios alcanzados podrán modificarse, según La Nación. La consultora Zentrix, citada por Ámbito, estimó que cumplir la ley costaría entre $2 y $3,65 billones y que el proyecto de Presupuesto 2027 tiene $5,93 billones sin asignar.

Los incidentes

Antes del acto central, grupos que se separaron de las columnas arrojaron piedras contra los efectivos que custodiaban las vallas sobre la avenida Rivadavia; las fuerzas respondieron con gases lacrimógenos, balas de goma y un camión hidrante, según Ámbito y El Canciller. El gas llegó al anexo del Congreso, donde varios diputados dejaron sus despachos, según fuentes parlamentarias citadas por El Canciller. El diputado Germán Martínez (Unión por la Patria) dijo que la represión «no tiene ningún sentido». La mayoría de las columnas universitarias se retiró antes de las 17, pero la tensión siguió hasta pasadas las 18.

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, escribió en X que «los mismos violentos de siempre quieren imponer el caos» y que «el derecho a manifestarse no es un permiso para ejercer la violencia». El Ministerio de Seguridad anunció que denunciará penalmente a los detenidos por resistencia y atentado a la autoridad, atentado al orden constitucional y daño agravado, con imágenes que su equipo jurídico reúne como prueba. El Gobierno porteño estimó en forma preliminar los daños en $90 millones. Entre los detenidos hubo un adolescente de 14 años, por lo que la fiscalía dio intervención al Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, según Río Negro.

Qué sigue

El reclamo universitario vuelve al Congreso con el debate del Presupuesto 2027, donde el CIN pide ampliar las partidas, mientras sigue pendiente la apelación del Gobierno contra el fallo de Cormick y corren las multas. El colectivo de la discapacidad anunció una nueva sesión para el 21 de octubre, según Ámbito.

Fuentes: Chequeado, Ámbito, Río Negro (con datos de Infobae), El Canciller, Noticias Argentinas, La Nación, Análisis Digital.