El Gobierno exige una certificación estadounidense para las redes críticas del Estado que, según La Nación, Huawei y ZTE no pueden obtener; el temor del sector es que Enacom la extienda a todos los equipos

La Disposición 7/2026 del Centro Nacional de Ciberseguridad obliga al sector público y deja a los privados afuera, salvo por pliegos o normas de Enacom. Según La Nación, Arsat tiene cerca de dos tercios de equipos chinos.

El Centro Nacional de Ciberseguridad publicó este viernes en el Boletín Oficial la Disposición 7/2026, que aprueba requisitos de seguridad de la cadena de suministro para los equipos de las infraestructuras críticas de telecomunicaciones. Son obligatorios para el sector público nacional, incluidas las empresas del Estado, y toman como referencia la norma SCS 9001 de la Telecommunications Industry Association (TIA), una asociación privada de la industria de Estados Unidos.

Por qué apunta a China. La norma no nombra a ningún fabricante en lo que leímos. Pero según La Nación, la TIA no admite empresas que figuren en las listas de restricciones del gobierno estadounidense, donde están Huawei, ZTE, Hikvision, Dahua, Hytera y DJI. El certificado les queda vedado, y también la vía de transición: en los primeros 36 meses alcanza con que el organismo confirme que el fabricante se registró para certificar, dice el diario.

A quién alcanza hoy. El artículo 2 es explícito: los requisitos «no establecen obligaciones directas» para quienes están fuera del sector público. Sólo les llegan por tres vías: los pliegos y contratos del Estado, las normas que dicte el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) o la adhesión voluntaria. El Centro tiene 90 días para identificar las infraestructuras críticas y asignar niveles de criticidad a las categorías de equipos. La Nación indica que la certificación se pedirá en los dos niveles más altos de cuatro.

Arsat, primera en la fila. La empresa estatal de telecomunicaciones tendría cerca de dos tercios de su equipamiento de origen chino, sobre todo de Huawei y ZTE, según pudo saber La Nación. No es un dato oficial.

El punto que inquieta. Los considerandos señalan a Enacom como «el ámbito adecuado» para incorporar los requisitos al equipamiento que se vende en el país y a los licenciatarios, justo antes de que el 1° de diciembre entre en vigor el nuevo reglamento del registro Ramatel. La misma norma advierte que, si eso se hace obligatorio, habrá que evaluar antes la notificación ante la OMC y la conformidad con el Mercosur. Ahí recién podrían quedar comprendidos los celulares: según las fuentes del sector citadas por La Nación, la exigencia llegaría a cualquier equipo homologado, desde un teléfono hasta una heladera con wifi. Hoy no es así.

Quiénes pagarían. Los operadores armaron buena parte de su red 4G con Huawei, y más de 1.200 pymes y cooperativas de internet del interior usan Huawei y ZTE en sus redes de fibra, señala el diario. El sector teme un traslado a las tarifas. En Estados Unidos, recuerda La Nación, el Congreso destinó casi US$ 5.000 millones a reemplazar esos equipos en 85 operadores. La disposición no estima el costo local en lo que leímos.

La discusión técnica. Los fabricantes objetan, según esa nota, que SCS 9001 audita procesos y no prueba equipos, y que sólo la adoptaron Costa Rica, donde la Justicia suspendió parcialmente el decreto, y Paraguay. El Centro responde en los considerandos que otros esquemas, como Common Criteria o Nesas, verifican un producto y «no resultan equivalentes» para evaluar la cadena de suministro.

Qué sigue: la lista de categorías y niveles que debe publicar el Centro, y si Enacom toca la homologación antes del 1° de diciembre.