El Gobierno envió al Congreso el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional por Malvinas, con penas de hasta 20 años

El Gobierno argentino ingresó este 17 de septiembre a la Cámara de Diputados el proyecto de "Ley de Defensa de la Soberanía Nacional", con el que busca reforzar por vía legislativa el reclamo sobre las Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y endurecer las sanciones contra la explotación de recursos naturales en la zona sin autorización argentina. El envío formaliza el anuncio que el presidente Javier Milei había hecho por cadena nacional el 3 de septiembre, cuando calificó al proyecto petrolero Sea Lion —ubicado a unos 220 kilómetros de las islas— como "un peligro concreto y urgente" para la soberanía del país.

El texto reemplaza la ley 26.659 de 2011 y amplía su alcance: ya no cubre solo hidrocarburos, sino también pesca, minería y cualquier explotación no autorizada de recursos naturales renovables y no renovables en el mar argentino. Las penas de prisión escalan según la conducta: de 5 a 7 años para quien preste servicios a operaciones no autorizadas, de 12 a 15 años por prospección o exploración sin permiso, de 12 a 20 años por la extracción no autorizada de recursos no renovables, y de 15 a 20 años para quien extraiga, transporte o almacene hidrocarburos sin autorización en aguas jurisdiccionales o la plataforma continental argentina. A nivel administrativo, el proyecto prevé además multas de entre 4.000 y 500.000 barriles equivalentes de petróleo y prohibiciones para operar en el país de entre 5 y 20 años para las empresas involucradas.

El proyecto también crea un Consejo de Seguridad Nacional, coordinado por la Presidencia e integrado por los ministerios de Defensa, Seguridad, Relaciones Exteriores y Economía, la Secretaría de Inteligencia de Estado y la Secretaría Legal y Técnica, con la misión de diseñar una Estrategia de Seguridad Nacional y un plan de protección de infraestructura crítica que contempla participación de las Fuerzas Armadas. Incluye además un régimen de protección aeroespacial y marítima que habilita advertencias, maniobras de interposición y disparos destinados a inutilizar —no hundir— buques hostiles, apuntando a sus sistemas de propulsión o gobierno; el hundimiento queda expresamente prohibido para embarcaciones civiles y reservado como medida militar excepcional solo ante un buque de guerra hostil, con autorización presidencial que puede delegarse en el ministro de Defensa. Un esquema de autorización similar rige para el uso de la fuerza contra aeronaves consideradas hostiles.

La iniciativa llega después de una escalada que incluyó, en los últimos días, una orden judicial que frenó las obras de Sea Lion hasta completar una evaluación de impacto ambiental argentina, el anuncio británico de que reemplazará hacia fines de 2027 los Eurofighter Typhoon desplegados en el archipiélago, y una guía oficial del Foreign Office para respaldar a las empresas que operan allí. El Gobierno argentino sostiene que, sin una intervención, el Reino Unido tendría en pocos meses la capacidad de apropiarse de reservas de petróleo que la Argentina considera propias.

El proyecto todavía debe discutirse en comisiones y obtener el respaldo de ambas cámaras del Congreso antes de convertirse en ley, en un año de renovación legislativa en el que el Gobierno buscará apoyos más allá de su propio bloque. Milei insistió en que la cuestión Malvinas "no le pertenece a un gobierno ni a un partido" y llamó a una posición unificada frente a la comunidad internacional, mientras crecen las expectativas sobre un eventual encuentro entre Donald Trump y el primer ministro británico Andy Burnham durante la Asamblea General de la ONU.