Condenaron a 10 años de prisión a David Rivera, ex congresista de Miami y amigo de Rubio, por hacer lobby secreto para el gobierno de Maduro

La jueza Melissa Damian sentenció al ex representante republicano, preso desde que un jurado lo declaró culpable en mayo de no registrarse como agente extranjero y de conspirar para lavar dinero. Según la fiscalía, el contrato de US$ 50 millones con PDV USA fue la cobertura de una campaña para que el primer gobierno de Trump abandonara las sanciones a Venezuela. Su defensa apelará.

El ex congresista republicano David Rivera, que representó a Miami en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, fue condenado este viernes a 10 años de prisión por una campaña secreta de lobby a favor del gobierno de Nicolás Maduro durante la primera presidencia de Donald Trump, según informaron AP y NBC News. La sentencia la dictó la jueza federal Melissa Damian en Miami.

Rivera, de 61 años y amigo de larga data del actual secretario de Estado, Marco Rubio, está detenido desde mayo, cuando un jurado lo declaró culpable de todos los cargos, entre ellos no registrarse como agente de un gobierno extranjero —como exige la ley FARA— y conspirar para lavar dinero. El caso giró en torno a un contrato de consultoría de tres meses y US$ 50 millones que su firma firmó en 2017 con PDV USA, la filial con sede en Nueva York de la petrolera estatal venezolana PDVSA.

Qué sostuvo la fiscalía

Según la acusación, Rivera fue convocado por la entonces canciller Delcy Rodríguez —hoy presidenta interina de Venezuela— para usar sus contactos republicanos y lograr que el gobierno de Trump abandonara su línea dura y las sanciones contra Caracas. Junto con la consultora Esther Nuhfer, también declarada culpable de todos los cargos según CBS Miami, buscó influir sobre figuras como Rubio y el representante texano Pete Sessions, que declararon en el juicio que se sintieron traicionados al conocer el contrato. Los fiscales sostuvieron que el acuerdo con PDV USA fue una pantalla para el lobby ilegal y que parte del dinero se ocultó con documentos antedatados, como una transferencia de US$ 3,75 millones a una empresa que mantenía el yate del empresario venezolano Raúl Gorrín, acusado en EE.UU. de sobornar a funcionarios venezolanos.

Al rechazar un pedido de la defensa para bajar la escala de la pena, la jueza calificó el expediente como un caso clásico de lavado de dinero y afirmó que no había discusión sobre el origen del dinero en el gobierno de Maduro, según AP. El jurado ya había resuelto el decomiso de propiedades de Rivera en Doral y en los Cayos de Florida, según CBS Miami; los cargos preveían una pena máxima de 60 años.

La defensa

Los abogados de Rivera sostuvieron que el contrato apuntaba a que ExxonMobil volviera a Venezuela, un trabajo comercial que en general está exento de registro bajo la FARA, y que sus reuniones con Rubio y Sessions buscaban un liderazgo venezolano menos hostil a EE.UU., no ayudar a Maduro. Anunciaron que apelarán; en junio, además, pidieron un indulto presidencial. Rivera enfrenta otra causa federal relacionada, por lobby extranjero, en Washington.

Por qué importa

El caso expone cómo operaron las campañas de influencia extranjera sobre la política de EE.UU. hacia América Latina y llega en un momento en que la relación entre Washington y Caracas cambió por completo: la gestión de lobby fracasó en su momento —a los pocos meses Trump sancionó a Maduro y lanzó su campaña de «máxima presión»—, y hoy Delcy Rodríguez es interlocutora del segundo gobierno de Trump tras la salida de Maduro del poder, como mostró su discurso en la ONU con el acuerdo petrolero con EE.UU.

Al cierre de esta nota, el Departamento de Justicia no había publicado un comunicado sobre la sentencia en su sitio.