AySA: la Cámara de La Plata rechazó el recurso de la empresa y sigue vigente la cautelar del Defensor del Pueblo bonaerense en plena privatización

La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de La Plata rechazó los recursos extraordinarios que AySA había presentado para dejar sin efecto la medida cautelar obtenida por el Defensor del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, Guido Lorenzino, en medio del proceso de privatización de la empresa de agua y cloacas. La decisión se conoció el viernes 25 de septiembre, según Ámbito, La Política Online y C5N.

Los jueces Pablo Muñoz, Gerónimo Arias y María Ventura Martínez declararon inadmisibles, por unanimidad, los recursos de inconstitucionalidad y de nulidad que AySA había interpuesto el 21 de septiembre. El argumento central es procesal: las resoluciones sobre medidas cautelares no son sentencias definitivas y, por lo tanto, no habilitan la vía extraordinaria, de acuerdo con el artículo 278 del código procesal bonaerense citado en el fallo, según C5N. La empresa había invocado «gravedad institucional», planteo que el tribunal no aceptó, informó Ámbito.

Qué ordena la cautelar

La medida, dictada en primera instancia y confirmada por la misma Cámara el 8 de septiembre, ordena a AySA abstenerse de cualquier acto que modifique, reduzca, limite, altere, suspenda o disminuya sus obligaciones en materia de agua potable, salud pública, ambiente y prestación del servicio en los 26 municipios del área metropolitana que atiende, según C5N. Ámbito precisa que alcanza también a las obras de infraestructura pendientes y a los estándares de calidad. Lorenzino había planteado un «riesgo inminente» de deterioro del servicio y de abandono de obras previstas, según La Política Online.

La privatización

El Gobierno busca vender el 90% de las acciones que tiene el Estado mediante una licitación pública nacional e internacional, en el marco de la Ley Bases y del decreto 494 de mayo de 2026; el 10% restante pertenece a los trabajadores a través del Programa de Propiedad Participada. El oficialismo sostiene que el cambio de control aportará capacidad técnica y financiera para ampliar el servicio. Según La Política Online, las ofertas técnicas se abrieron hace unos diez días y la competencia quedó entre el Grupo Roggio y un consorcio encabezado por Mauricio Filiberti; esos detalles no fueron confirmados oficialmente.

Qué sigue

Tras la declaración de incompetencia de la justicia provincial, la causa pasó a la Justicia federal de La Plata, que deberá pronunciarse sobre el fondo del planteo; Ámbito señala que el Juzgado Federal N° 2 tiene cinco días para expedirse sobre el alcance y la validez de la medida. Mientras tanto, la cautelar sigue vigente y condiciona los pasos de la privatización.