La UATRE quiere certificar el trabajo en los campos que exportan soja y carne a Europa, y CRA alerta: sus revisores podrían entrar a los establecimientos sin inspectores del Estado

El gremio y la asociación CRISOL presentaron una «Constancia de Legalidad» que complementa la trazabilidad ambiental del VISEC. Confederaciones Rurales avisa que adherir a una plataforma privada no obliga a habilitar inspecciones sindicales autónomas.

La Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) y la asociación civil CRISOL presentaron la semana pasada una herramienta para validar el cumplimiento laboral y de derechos humanos de los productores de soja y carne bovina que exportan a la Unión Europea, y Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) salió a advertir sobre cómo funcionaría, informó Infocampo este miércoles 4 de noviembre.

La herramienta se llama «Constancia de Legalidad» y se plantea como complemento de la trazabilidad ambiental que garantiza el VISEC, la plataforma con la que el sector busca certificar sus envíos a Europa. El punto en disputa es el mecanismo: según esa cobertura, el gremio podría tener «revisores» que ingresen, en cualquier momento, a los campos inscriptos en el VISEC para hacer la certificación.

Qué dice CRA

La entidad pidió alertar a los productores sobre un sistema que, según su comunicado, «contempla el ingreso de representantes sindicales a los establecimientos rurales para verificar el cumplimiento de la legislación laboral». Y reclamó que se sepa «si las condiciones de adhesión implican autorizar visitas sindicales sin la intervención de los organismos públicos competentes».

CRA sostiene que la ley vigente exige que los delegados sindicales actúen acompañados por inspectores de la autoridad de aplicación y sólo como veedores, y cita el artículo 43 de la Ley 23.551 y el artículo 26 de su Decreto Reglamentario 467/88. Por eso, dice, «la adhesión voluntaria a una plataforma privada de certificación no constituye una obligación legal de habilitar inspecciones sindicales autónomas». Aclara además que mantiene su compromiso con el trabajo registrado.

Por qué importa

La discusión ya no es sólo si el campo puede demostrar que no deforesta, sino quién certifica el resto de las condiciones que piden los compradores. Una constancia voluntaria puede abrir puertas comerciales, y al mismo tiempo cambiar quién entra a un establecimiento y con qué atribuciones. Es la segunda polémica en torno al VISEC, una plataforma que ya tuvo resistencia de una parte del ruralismo.

Un conflicto con antecedentes

El tema no es nuevo. En noviembre de 2025, Bichos de Campo informó que la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) había consultado a sus más de 120 entidades de base por supuestas «inspecciones» de la UATRE, después de episodios en Trenque Lauquen, General Belgrano, Rojas y Lobos. En esa esquela, Carbap recordaba que el gremio «no puede ingresar al campo solo», sin personal autorizado del Ministerio de Trabajo.

Falta conocer el texto de las condiciones de adhesión, que es lo que CRA pide aclarar, y la respuesta formal de la UATRE, de CRISOL y de los responsables del VISEC sobre este punto. Esta nota no da por hecho que esas visitas vayan a ocurrir sin control estatal.