Ley de Tierras: una jueza de La Plata ordenó a la Nación preservar 15 años de registros de los campos bonaerenses en manos extranjeras

La cautelar, pedida por la Defensoría del Pueblo bonaerense, no suspende la derogación dispuesta por el DNU 70/2023: obliga al Ministerio de Justicia a conservar los datos del Registro Nacional de Tierras Rurales sobre la provincia y a informar su última actualización. La jueza giró el fondo del caso a la Justicia federal.

La jueza Güendalina Sessarego, a cargo del Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 4 de La Plata, ordenó al Estado nacional preservar la información del Registro Nacional de Tierras Rurales (RNTR) sobre los campos de la provincia de Buenos Aires, unos 15 años de registros, e intimó al Ministerio de Justicia a informar en un plazo de cinco días la fecha de la última actualización de la base y si hubo cambios recientes en esos datos, según Infobae y Bichos de Campo.

La medida cautelar la pidió el defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino, que reclamó suspender el artículo 154 del DNU 70/2023, la norma que derogó la Ley 26.737 de Tierras Rurales. Lorenzino sostuvo que el decreto no cumple los requisitos constitucionales de un decreto de necesidad y urgencia y advirtió por daños colectivos sobre el suelo, los recursos hídricos y el ordenamiento territorial rural, además del riesgo de que nuevas operaciones y derechos inscriptos se vuelvan más difíciles de revertir.

Qué decidió y qué no

La jueza no suspendió el DNU ni se pronunció sobre su constitucionalidad. Entendió que el daño que había que prevenir era sobre todo informativo —la eventual pérdida de los datos reunidos desde 2011, que podrían ser necesarios para medidas posteriores— y, tras dictar la protección, se declaró incompetente: consideró que el caso es de competencia federal porque discute una norma nacional, aunque las tierras estén en la provincia. Envió el expediente a la Cámara Federal de La Plata para que asigne un juzgado federal; la medida rige hasta que ese tribunal decida si la mantiene, según Infobae.

El contexto: la Corte reactivó la derogación

La resolución llega después de que la Corte Suprema revocara el fallo de la Cámara Federal de La Plata que había declarado inconstitucional la derogación de la Ley de Tierras. El máximo tribunal rechazó el amparo del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) por falta de legitimación, sin expedirse sobre el fondo, y con eso volvieron a regir los efectos del DNU: dejaron de aplicarse el tope de 15% de tierras rurales en manos extranjeras y el límite de 1.000 hectáreas en la zona núcleo.

Según los datos del RNTR que cita Bichos de Campo, en la provincia de Buenos Aires hay 834.421 hectáreas rurales en manos extranjeras, cerca del 2,89% de su superficie rural, con fuertes concentraciones en Campana (50,2%) y Zárate (24,8%), dos de los distritos que la Defensoría mencionó en su presentación.

Qué sigue

La derogación sigue vigente mientras no haya una nueva decisión. En otra causa, el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 1 rechazó la cautelar que pidieron los diputados Miguel Ángel Pichetto y Nicolás Massot para suspender el DNU, aunque avanzó con el fondo y le pidió un informe al Gobierno, según Infobae. En el Congreso, Diputados prevé debatir el DNU 70/2023 y el Gobierno no descartó incluir el mismo capítulo en su proyecto sobre propiedad privada, según Bichos de Campo.