Entre Ríos declaró la emergencia agropecuaria por la crecida del Paraná: ganaderos y apicultores de islas de seis departamentos no pagarán Inmobiliario Rural hasta 2028

Es la primera provincia mesopotámica en hacerlo, según Bichos de Campo. Rige hasta el 31 de julio de 2027 y falta que Nación la homologue. Quien tenga certificado de desastre queda eximido en proporción a lo perdido.
Entre Ríos declaró el estado de emergencia o desastre agropecuario para las explotaciones ganaderas y apícolas afectadas por la crecida del río Paraná, informó Bichos de Campo. Alcanza a productores de zonas de islas y anegadizos de La Paz, Paraná, Diamante, Victoria, Gualeguay e Islas del Ibicuy, y rige hasta el 31 de julio de 2027. Según ese medio, es la primera de las provincias mesopotámicas en hacerlo.
La medida llega después de semanas de reclamos y de un operativo que ya sacó más de 129.000 vacunos de las islas, con la logística todavía complicada para mover los animales.

Qué cambia para el productor
El decreto posterga los anticipos 2026 y 2027 del Impuesto Inmobiliario Rural y Sub Rural hasta el 31 de enero de 2028. Después se podrán cancelar en hasta tres cuotas mensuales sin interés, con la primera el 10 de marzo de 2028, y se condonan multas e intereses por el pago fuera de término.
Quien quede encuadrado en desastre agropecuario, la categoría de daño severo, queda eximido de los anticipos que vencen hasta julio de 2027, en un porcentaje igual al de la pérdida que figure en su certificado. Para acceder hay que registrar el establecimiento con una declaración jurada ante la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca provincial.

Qué daños reconoce la provincia
En ganadería, el informe de la comisión provincial enumera menor productividad, precios más bajos por ventas forzosas, y mayores costos de alimentación, traslado y alquiler de campos, además de problemas sanitarios al mover la hacienda. En apicultura, incluye pérdidas directas y la dificultad de retirar colmenas de humedales e islas.
El área surgió de un análisis con el Instituto Nacional del Agua, el Senasa, Fucofa, el INTA y Prefectura, entre otros organismos.
Qué sigue: la provincia gestiona ante el Ministerio de Economía que Nación homologue la declaración, lo que permitiría extender los beneficios. Falta ver si Santa Fe y Corrientes siguen el mismo camino.
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