Una jueza federal armó en Chaco un comité con fiscales, Gendarmería y ambientalistas para hacer cumplir la prohibición de desmontes, tras la denuncia por 1.800 hectáreas junto a Loro Hablador

Monitoreo satelital, alerta temprana y más patrullaje para una medida cautelar que, según el medio que accedió al expediente, se venía cumpliendo poco. La ONG que lo pidió dice que es el primer comité de este tipo. La industria forestal resiste la prohibición.

La jueza federal de Resistencia, Zunilda Niremperger, creó un Equipo de Coordinación Interinstitucional para el Monitoreo, Prevención y Control de Desmontes en la Provincia del Chaco, con el objetivo de «garantizar el cumplimiento efectivo» de la medida cautelar que prohíbe los desmontes ilegales allí, informó Bichos de Campo, que accedió al expediente. Reúne a fiscales federales, funcionarios provinciales y nacionales, Parques Nacionales, Gendarmería y a la ONG que impulsa la causa.

La medida viene con idas y vueltas: se dictó en 2024, se levantó tras la resistencia del sector productivo y volvió a regir en mayo por decisión de la Casación federal, el máximo tribunal penal nacional. Según ese medio, hasta ahora se cumplía poco. El ejemplo más reciente son 1.800 hectáreas desmontadas en el límite del Parque Natural Provincial Loro Hablador, denunciadas por entidades ambientalistas. «A raíz de esa situación crítica, le pedimos a la jueza que se genere un comité de control», dijo Fabián Maggi, de la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas.

Qué ordena: compartir información de monitoreo satelital, alerta temprana y vigilancia territorial, y coordinar de inmediato ante posibles irregularidades. A la Gendarmería le exige reforzar personal y equipos para el patrullaje preventivo, y evaluar sumar vehículos y drones; al ministro de Seguridad de Chaco, fortalecer las dependencias policiales rurales y ambientales. Toda alerta debe comunicarse enseguida a la Dirección de Bosques provincial, y el equipo tiene que presentar informes periódicos.

Por qué importa: el Gran Chaco pierde unas 40.000 hectáreas cada seis meses, dos veces la superficie de la ciudad de Buenos Aires, según esa nota. La cautelar es parte de la megacausa penal de la «Mafia de los desmontes», iniciada en 2024, con una decena de imputados. Maggi la define como una resolución «muy trascendente» y la primera de esta naturaleza. La actividad maderera la resiste.

El tema también tiene precio para el campo, aunque la jueza no lo plantea en lo que leímos. En enero entra en vigencia la norma europea que exige soja libre de deforestación, y las fábricas ya pagan entre US$ 8 y US$ 10 de prima por tonelada por mercadería que cumple, dijo Safras Latam a Agrofy News. Devengado ya informó sobre los primeros contratos de soja Visec en A3.

Qué sigue: el primer informe del equipo, cuántos recursos suma realmente la Gendarmería y qué pasa con la denuncia de Loro Hablador.