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ECONOMÍA · EE.UU. · INMIGRACIÓN

El gobierno de Trump propuso cobrar a las universidades US$ 70.000 por cada estudiante extranjero que pida trabajar en EE.UU. con el programa OPT

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Ilustración editorial generada con IA: estudiantes de espaldas, con mochilas y un diploma enrollado, caminan al atardecer por un campus universitario de ladrillo con una bandera de Estados Unidos; composición conceptual, no es una fotografía de una universidad real.

La regla del Departamento de Seguridad Nacional fija US$ 70.000 por la solicitud inicial y US$ 30.000 por cada renovación del permiso de trabajo. Abre 60 días de comentarios y ya anticipa demandas de universidades y empresas.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos propuso este miércoles 7 de octubre una regla que obligaría a las universidades a pagar US$ 70.000 por cada estudiante internacional que solicite por primera vez el permiso de trabajo del programa Optional Practical Training (OPT), y US$ 30.000 por cada renovación, según informó la agencia AP.

El OPT permite a los estudiantes extranjeros trabajar en empleos relacionados con su carrera durante los estudios o después de graduarse. En general habilita un año de trabajo posterior a la graduación, y quienes cursaron determinadas carreras de ciencia, tecnología, ingeniería y matemática (STEM) pueden sumar dos años más. Según la propuesta, el costo recaería sobre las instituciones educativas, no sobre los estudiantes.

El DHS presentó la tasa como una respuesta al fraude y al abuso del programa, al que describió como un «canal de mano de obra extranjera barata».

60 días de comentarios y posibles demandas

La regla queda sujeta a un período de 60 días de comentarios públicos, y el DHS no puede convertirla en definitiva antes de que termine. AP señaló que podría enfrentar impugnaciones judiciales de asociaciones de educación superior o de entidades empresarias, lo que demoraría su aplicación; hasta ahora no se presentó ninguna demanda. Doug Rand, exasesor sénior de la oficina de inmigración USCIS, anticipó a Fortune que la tasa sería anulada en los tribunales, como —según él— ocurrió con el cargo de US$ 100.000 a las visas H-1B.

No es la primera medida de la administración contra el régimen de estudiantes: en septiembre, un tribunal federal bloqueó otra regla, dictada este año, que limitaba a cuatro años la permanencia de los estudiantes internacionales sin aprobación federal, según AP.

Ilustración editorial generada con IA: el sello del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos en la entrada de su sede en Washington, con una bandera estadounidense en un día nublado; composición conceptual, no es una fotografía documental.

Universidades y empresas, los más expuestos

La tasa golpearía a las universidades estadounidenses que dependen de las matrículas de alumnos extranjeros y a las compañías tecnológicas y otros empleadores que contratan a graduados internacionales para puestos técnicos. La llegada de nuevos estudiantes internacionales a Estados Unidos cayó 17% el otoño boreal pasado, la mayor baja desde la pandemia, según AP; los datos de este año todavía no están disponibles.

«Sabemos que el OPT es una de las razones por las que los estudiantes internacionales eligen estudiar en Estados Unidos», dijo Sarah Spreitzer, del American Council on Education, que agrupa a las universidades, y agregó que algunas instituciones reportan caídas de 30% a 40% en la inscripción de extranjeros. Fanta Aw, directora ejecutiva de NAFSA, la asociación de educadores internacionales, advirtió que alejar a esos estudiantes «sólo perjudicará la innovación estadounidense». Para Steven Brown, abogado de inmigración de Houston, «no muchas universidades van a querer pagar US$ 70.000 para que un estudiante obtenga el OPT».

Ilustración editorial generada con IA: jóvenes ingenieros trabajan de espaldas frente a monitores en una oficina abierta de una empresa tecnológica con ventanales a una ciudad estadounidense; composición conceptual, no es una fotografía de una empresa real.

Qué sigue

La propuesta deberá publicarse formalmente para abrir el período de comentarios; recién al cierre de esos 60 días el DHS podrá dictar la versión final, que todavía puede cambiar o quedar frenada en la Justicia.

Fuentes: AP (vía WCAX), Fortune, STAT.