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ECONOMÍA · RIGI · INVERSIONES

El Gobierno cambió el RIGI: las empresas radicadas en el país podrán ser proveedoras locales sin importar el origen de su capital

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Ilustración editorial generada con IA: trabajadores con casco y ropa de trabajo alinean un tramo de caño de acero suspendido de una grúa en la obra de un ducto en la meseta patagónica, con una bandera argentina en el obrador; composición conceptual, no es una fotografía de un proyecto real.

El Decreto 1366/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial, también permite vender acciones de proyectos adheridos sin perder beneficios, ordena los cambios de socios en UTE y sucursales y deja computar como divisas del proyecto los dólares que traen los accionistas.

El Gobierno cambió la reglamentación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Por el Decreto 1366/2026, publicado el lunes 16 de noviembre en el Boletín Oficial con las firmas de Javier Milei, Diego Santilli y Luis Caputo, una empresa pasa a ser proveedora local de los proyectos del régimen por estar constituida y domiciliada en la Argentina, «sin atender a la nacionalidad o residencia de sus accionistas ni a la composición de su capital social», según los considerandos. El decreto modifica el Decreto 749/2024 y rige desde su publicación.

Quién es proveedor local. El nuevo texto del artículo 3 de la reglamentación define como proveedores locales a las personas humanas con domicilio fiscal en el país y a las personas jurídicas constituidas y domiciliadas en el país que presten servicios o provean bienes a uno o más proyectos adheridos. Para los bienes rige el criterio de origen nacional del Anexo I del Acuerdo de Complementación Económica N.° 18 del Mercosur, y la Autoridad de Aplicación deberá precisar la metodología. El Gobierno justifica el cambio en favorecer «la integración de las empresas radicadas en el país en las cadenas de suministro» de los proyectos y «una mayor concurrencia de proveedores». La definición importa porque la Ley Bases obliga a los proyectos del RIGI a contratar con proveedores locales una parte de su inversión —al menos 20% de los activos computables cuando haya oferta en condiciones de mercado—; con la reforma, las filiales argentinas de grupos extranjeros pueden competir por ese cupo, como señalaron Diario Huarpe y otros medios.

Ilustración editorial generada con IA: un soldador con careta trabaja sobre una brida de acero de gran diámetro en un taller metalúrgico, con piezas terminadas apiladas y una bandera argentina colgada en la nave; composición conceptual, no es una fotografía de una empresa real.

Vender acciones sin perder beneficios. El decreto reescribe el artículo 62 de la reglamentación. Cualquier tercero puede comprar acciones, cuotas o participaciones de un Vehículo de Proyecto Único (VPU) adherido sin que se alteren los derechos del proyecto; pero esa compra, si ocurre después de la solicitud de adhesión, no cuenta como inversión para cumplir el monto mínimo que exige la ley. También aclara que un VPU no puede usar adquisiciones o fusiones para sumar un proyecto distinto del suyo, y que unir dos o más proyectos RIGI requiere aprobación de la Autoridad de Aplicación, que podrá imponer condiciones.

UTE y sucursales. Cuando el proyecto lo ejecuta una unión transitoria de empresas u otro contrato asociativo, sus miembros podrán ceder su participación o sumar socios. Deberán informarlo a la Autoridad de Aplicación dentro de los 15 días corridos de la inscripción en el Registro Público —con el consentimiento de los demás miembros, la acreditación de que el nuevo socio no está excluido del régimen y la asunción de los compromisos y garantías pendientes—, y el organismo tendrá 30 días corridos para objetarlo; si no lo hace, la operación queda conformada. Las sucursales dedicadas podrán, con autorización previa, pasar todo el proyecto a una sociedad anónima creada para eso, sin que cuente como nueva adhesión ni cambie plazos ni beneficios.

Ilustración editorial generada con IA: dos ingenieros con casco blanco revisan planos sobre una mesa de obra frente a una planta de procesamiento de gas en construcción junto al mar, con tanques esféricos de fondo; composición conceptual, no es una fotografía de un proyecto real.

Los dólares de los accionistas. Para los proyectos que contaron con el beneficio sobre cobros de exportaciones, el Banco Central puede condicionar su acceso al mercado de cambios a que las divisas ingresadas y liquidadas igualen o superen las que demandan. Con el cambio al artículo 100, también se computarán los aportes y préstamos del exterior —incluidas emisiones de deuda— que ingresen y liquiden los accionistas directos o indirectos del vehículo, los miembros de la UTE y sus accionistas, o la sociedad titular de una sucursal dedicada, siempre que los fondos se destinen al proyecto y su uso pueda rastrearse contablemente, según los procedimientos que fije el BCRA.

Proyectos estratégicos de exportación. Para los Proyectos de Exportación Estratégica de Largo Plazo, el decreto fija una fecha límite única para alcanzar el monto mínimo de inversión del proyecto en su conjunto, separada de los compromisos de cada etapa, que no cambian. Esa fecha «no debe resultar ajena a las prácticas del sector», dice el texto.

Por qué importa. Son ajustes técnicos, pero tocan tres puntos que pesan en la ejecución de los proyectos: quién puede venderles insumos y servicios como «local», cómo pueden cambiar de manos las participaciones sin poner en riesgo los beneficios y cómo se cuentan los dólares que traen los socios para acceder al mercado de cambios. En las últimas semanas el Gobierno aprobó dos proyectos vinculados a TGS e YPF pidió el ingreso de Bajo del Toro, y Caputo anticipó una nueva presentación de proyectos del régimen para el 2 de diciembre, según El Cronista.

Qué sigue. La Autoridad de Aplicación debe fijar la metodología para determinar el origen nacional de los bienes, y el Banco Central, los procedimientos para computar las divisas que ingresen los accionistas.

Este contenido es informativo. Fuentes: Boletín Oficial, Decreto 1366/2026 (16/11/2026); Diario Huarpe, «El Gobierno nacional modificó el RIGI» (16/11/2026). Ley 27.742 (Ley Bases), Título VII.