Malvinas: una jueza federal de Río Grande aceptó tramitar la demanda de más de US$ 26.000 millones contra pesqueras que operan con licencia de las islas, pero todavía no resolvió frenarlas

Mariel Borruto reconoció la competencia de su juzgado y a los demandantes, y mandó el caso a un proceso ordinario, no a un amparo. El fiscal recomendó la cautelar. Falta el fallo sobre el fondo y sobre el pedido de frenar a las flotas.

La jueza federal de Río Grande, Tierra del Fuego, Mariel Borruto, reconoció la competencia de su juzgado y la legitimación de los demandantes en una causa por presunto daño ambiental contra empresas pesqueras que operan en aguas de las Islas Malvinas con autorización de la administración británica, informó este martes 3 de noviembre Ámbito. Resolvió que no se tramite como amparo, sino como proceso ordinario.

No es un fallo sobre el fondo. Según Ámbito, la Justicia todavía no se pronunció sobre la denuncia ni sobre la medida cautelar que busca frenar la actividad, y resolverá ese pedido cuando se incorporen los informes requeridos.

Qué se reclama

La demanda la impulsa la Fundación Agustina Lerena. La presentó el especialista César Lerena, presidente del Centro de Estudios para la Pesca Latinoamericana, con el patrocinio del abogado Eduardo Barcesat. El reclamo va de US$ 12.351 millones a US$ 26.465 millones, según cómo se valúen las capturas: es el monto que piden los demandantes, no una cifra establecida por la Justicia.

Apunta sobre todo a firmas españolas, a sociedades mixtas vinculadas con capitales isleños y a empresas argentinas presuntamente relacionadas, y también a bancos, astilleros, aseguradoras y proveedores. Los demandantes sostienen que la explotación se hace sin autorización argentina al menos desde 1989. Ámbito no reproduce descargos de las empresas, y Devengado no leyó su respuesta ni la resolución.

Qué dijeron la jueza y el fiscal

La magistrada consideró que el caso involucra el ecosistema marino y especies que habitan o se desplazan por la Zona Económica Exclusiva argentina, incluidas las aguas cercanas a Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, y que el daño denunciado es interjurisdiccional. Antes, el fiscal federal Marcelo Rapoport había dictaminado a favor de admitir la demanda y recomendó la cautelar, al considerar que la actividad provoca un daño «profundo, sistémico y, en muchos casos, irreversible».

Los impulsores dicen que la pesca representa 58% de los ingresos corrientes de las islas. Es un dato de parte, sin verificación propia.

Qué sigue

Falta la decisión sobre la cautelar, que y las flotas operan en aguas bajo control británico, donde la Argentina no ejerce jurisdicción efectiva. Sigue además la disputa por el petróleo: el Tribunal del Mar tiene audiencias el 10 y 11 de noviembre por el pedido argentino contra el proyecto Sea Lion.