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GEOPOLÍTICA · MALVINAS · SEA LION

Malvinas: Londres prepara medidas para blindar a sus empresas frente a las sanciones argentinas mientras la Argentina pide al Tribunal del Mar frenar Sea Lion

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Ilustración editorial generada con IA: la bandera argentina flamea en la proa de un buque sobre el Atlántico Sur gris y agitado, con un buque petrolero de producción FPSO en el horizonte y costas rocosas al fondo; composición conceptual, no es una fotografía del proyecto Sea Lion ni de un hecho real.

El Reino Unido usará su legislación de Protección de Intereses Comerciales para que empresas y personas británicas no puedan ser obligadas a cumplir normas argentinas vinculadas a las islas. La ministra Uma Kumaran dijo en los Comunes que Londres acatará las medidas provisionales que se dicten, pero que el arbitraje no invalida las licencias.

Actualización 14 de octubre, 16:20 ART: El Gobierno británico anunció el martes 13 que prepara medidas bajo su legislación de Protección de Intereses Comerciales (PTI, por su sigla en inglés) para resguardar a empresas y personas del Reino Unido que invierten en las Malvinas frente a las medidas argentinas que alcanzan la actividad económica vinculada a las islas, según el comunicado conjunto del Departamento de Negocios y Comercio y del Foreign Office. Esa legislación impide a personas británicas cumplir determinadas sanciones extraterritoriales; Londres aclaró que las medidas apuntarán sólo a las normas argentinas que afecten a las islas, que no restringirán el comercio legal con la Argentina y que la legislación secundaria se presentará «lo antes posible», con el objetivo de que rija antes de fin de 2026. «Este Gobierno actuará cuando la Argentina busque impedir la actividad comercial legítima del Reino Unido», dijo el secretario de Negocios, Jonathan Reynolds; el canciller Ed Miliband calificó de «inaceptables» los intentos argentinos de «intimidar» a empresas y personas que realizan actividades comerciales legítimas.

En la Cámara de los Comunes, la ministra de Territorios de Ultramar, Uma Kumaran, confirmó que la embajada británica en Buenos Aires entregó el domingo 11 la respuesta formal al arbitraje y que el Reino Unido participará del proceso. Sostuvo que las medidas provisionales que se ordenen «son vinculantes para las partes» y que su país cumple sus obligaciones internacionales, pero que la notificación argentina no es una sentencia, no invalida las licencias otorgadas por el gobierno de las islas ni obliga a detener la actividad, según MercoPress. Agregó que Londres rechazará cualquier intento de usar el procedimiento para pronunciarse sobre la soberanía. De acuerdo con The Guardian, citado por MercoPress, el Reino Unido también pidió a Interpol que rechace los pedidos argentinos de notificaciones rojas contra personas vinculadas a Sea Lion, por considerarlos «políticamente motivados». El 21 de septiembre, las autoridades de las islas habían prorrogado por cinco años las licencias de producción de hidrocarburos, recordó Infobae.

La Argentina presentó este martes 13 de octubre ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con sede en Hamburgo, una solicitud de medidas provisionales para impedir la explotación de hidrocarburos por el Reino Unido en la plataforma continental de la Cuenca Malvinas Norte, donde se desarrolla el proyecto petrolero Sea Lion. Lo informó la Oficina del Presidente en un comunicado oficial firmado por Javier Milei.

El pedido llega un día después de que venciera, el lunes 12, el plazo de dos semanas que el Gobierno le había dado a Londres para frenar la explotación. Según el comunicado, la solicitud busca «preservar los derechos soberanos argentinos sobre su plataforma continental y evitar que las actividades autorizadas de manera unilateral e ilegal por el Reino Unido agraven la controversia reconocida por las Naciones Unidas».

Qué se pidió y en qué se basa

La presentación se enmarca en el procedimiento arbitral que el Gobierno inició el 28 de septiembre según el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR). Ese arbitraje es el proceso de fondo, pero su tribunal todavía no está constituido y su formación puede llevar tiempo.

Por eso la Argentina invocó el artículo 290, inciso 5, de la Convención: mientras esté pendiente la constitución de un tribunal arbitral, cualquiera de las partes puede pedirle al Tribunal del Mar que prescriba medidas provisionales «para preservar los respectivos derechos de las partes en la controversia o para prevenir daños graves al medio marino», si la urgencia de la situación lo requiere. Según el artículo 290.6, las medidas que se dicten son obligatorias para las partes, y el tribunal arbitral podrá luego mantenerlas, modificarlas o dejarlas sin efecto, explicó Infobae.

Ilustración editorial generada con IA: la sede del Tribunal Internacional del Derecho del Mar en Hamburgo, Alemania, junto al río Elba, con banderas en mástiles frente a la entrada; composición conceptual, no es una fotografía del día.

Para decidir, los jueces deben evaluar si existe una base suficiente, a primera vista, para que el futuro tribunal arbitral tenga jurisdicción y si se dan las condiciones de urgencia. Pueden aceptar el pedido, rechazarlo o disponer medidas de otro alcance. Hasta el momento no se anunciaron fechas de audiencia ni de resolución.

La gestión la coordina la Cancillería de Pablo Quirno, con la intervención de la Consejería Legal Internacional y de la Procuración del Tesoro, según Infobae. El comunicado cierra con la reafirmación de los «legítimos e imprescriptibles derechos de soberanía» argentinos sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.

Por qué importa

Sea Lion es el principal proyecto petrolero de la cuenca Malvinas Norte, a unos 220 kilómetros al norte de las islas. Lo desarrollan la israelí Navitas Petroleum (65%, operadora) y la británica Rockhopper Exploration (35%). Su primera etapa contempla once pozos submarinos conectados a un buque de producción, almacenamiento y descarga (FPSO), con perforaciones previstas para 2027 y producción comercial en 2028, según Infobae. Por eso el Gobierno busca una decisión antes de que empiecen a perforar.

Ilustración editorial generada con IA: el Palacio San Martín, sede de la Cancillería argentina en Buenos Aires, con la bandera argentina en el mástil de la fachada y los árboles de la plaza San Martín en primer plano; composición conceptual, no es una fotografía del día.

La ofensiva judicial se suma a la presión sobre los proveedores del proyecto: Halliburton ratificó que ni su casa matriz ni sus filiales trabajarán en Sea Lion, y Navitas informó que estaba reemplazando a dos contratistas, lo que hizo caer cerca de 15% las acciones de Rockhopper en Londres el 5 de octubre. El Reino Unido, que convocó a la embajadora argentina tras el anuncio del arbitraje, sostiene que las actividades autorizadas en las islas se ajustan a la normativa aplicable y al derecho internacional.

Antecedentes y qué sigue

El precedente más citado es el de la Fragata Libertad: retenida en Ghana en 2012 por un reclamo de acreedores, la Argentina pidió medidas provisionales al Tribunal del Mar el 14 de noviembre de ese año y el tribunal ordenó su liberación el 15 de diciembre. Si se repitiera un calendario similar, una primera decisión sobre Sea Lion podría conocerse en noviembre, estimó Infobae. El paso siguiente es que el Tribunal fije la audiencia y que el Reino Unido presente su posición.

Fuentes: comunicado oficial de la Oficina del Presidente de la República Argentina (13/10/2026), Infobae, CONVEMAR, artículo 290.