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TECNOLOGÍA · REGULACIÓN · GOOGLE

Google apeló ante la Justicia europea las órdenes que la obligan a compartir datos de búsqueda con rivales de IA y a abrir Android a otros asistentes

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Ilustración editorial generada con IA: un teléfono Android con la página del buscador Google en la pantalla, sobre una mesa junto a un expediente atado con una cinta y una pequeña bandera de la Unión Europea, frente a un cartel del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y torres de vidrio dorado al fondo; composición conceptual, no es una fotografía del recurso ni de la sede real.

La compañía recurrió ante el Tribunal General de la UE las dos decisiones con las que la Comisión Europea fijó en julio cómo debe cumplir la Ley de Mercados Digitales. Sostiene que compartir búsquedas sin suficiente anonimización dañaría la privacidad; Bruselas afirma que los datos se anonimizarán. El recurso no suspende los plazos, que empiezan en enero de 2027.

Google informó este martes que recurrió ante el Tribunal General de la Unión Europea, en Luxemburgo, contra las dos decisiones con las que la Comisión Europea le especificó en julio cómo debe cumplir la Ley de Mercados Digitales (DMA, por su sigla en inglés). Una la obliga a compartir datos de su buscador con motores de búsqueda rivales y con chatbots de inteligencia artificial que ofrecen búsquedas; la otra, a abrir funciones de Android a asistentes de IA de la competencia, según informaron Reuters y Euronews.

«Apelamos decisiones que nos obligarán a compartir el historial de búsquedas privado de las personas sin una anonimización suficiente y que debilitan protecciones de seguridad vitales en Android», dijo Oliver Bethell, director sénior de Competencia de Google. «La gente usa el buscador para sus preguntas más personales, desde preocupaciones médicas hasta relaciones cercanas, y exigir que compartamos esas consultas sin las salvaguardas adecuadas causaría un daño irreversible a la privacidad de los usuarios», agregó.

Qué le ordenó Bruselas

Las decisiones se adoptaron el 16 de julio. La de Android exige que los usuarios puedan activar con la voz el asistente de IA que prefieran, del mismo modo que hoy se invoca a Google, y que los asistentes de terceros puedan ejecutar acciones dentro de las aplicaciones en nombre del usuario, como pedir un taxi, sugerir respuestas en un chat o responder consultas según la ubicación, con salvaguardas de privacidad, integridad del dispositivo y seguridad, según la Comisión.

La de búsqueda obliga a Google a compartir los datos que recoge para optimizar su propio buscador con motores rivales, buscadores centrados en la privacidad y chatbots con funciones de búsqueda. La Comisión establece un método de anonimización en varias capas, elaborado con expertos en privacidad, una fórmula de precio que define como justa y un proceso de acceso transparente, y admite que Google evalúe riesgos de ciberseguridad y de protección de datos antes de entregar la información. Según TechTimes, el paquete incluye datos de posicionamiento, consultas, clics y visualizaciones, agrupados en conjuntos de al menos 1.000 usuarios.

Los plazos siguen corriendo

El intercambio de datos de búsqueda debe empezar en enero de 2027 y los cambios en Android entran en vigor durante 2027, según Reuters y Euronews. En el derecho de la UE, un recurso de anulación no suspende por sí mismo la aplicación de una decisión: para frenar los plazos, Google tendría que pedir y obtener medidas cautelares del tribunal.

La empresa sostiene que Android ya es abierto e interoperable y que el esquema de datos no garantiza anonimización, conocimiento ni consentimiento de los usuarios. La Comisión, en cambio, afirma que los datos se anonimizarán antes de compartirse y que las medidas buscan «reequilibrar el campo de juego», según Reuters.

Por qué importa

Las decisiones apuntan a dos activos centrales de Google en la carrera de la IA: el volumen de búsquedas que alimenta su buscador y el control de Android, el sistema operativo en el que la compañía integra a su asistente Gemini. En julio, la Comisión también multó a la compañía con 890 millones de euros por favorecer sus propios servicios en los resultados de búsqueda y restringir canales de venta alternativos a los desarrolladores de aplicaciones, según Euronews.