El Gobierno suspendió el antidumping a los accesorios de cañerías chinos tras un salto de 398% en las importaciones

El Ministerio de Economía abrió, a través de la Resolución 1577/2026 publicada este 17 de septiembre en el Boletín Oficial, un examen de revisión de los derechos antidumping que rigen desde 2021 sobre accesorios de tubería de acero al carbono originarios de China —codos y tes para soldar a tope, de entre 60,3 y 323,8 milímetros de diámetro (2 a 12 pulgadas), clasificados bajo las posiciones arancelarias NCM 7307.19.20 y 7307.93.00— y dispuso que mientras dure la investigación no se exigirá el valor FOB mínimo de exportación de USD 4,67 por kilogramo que hasta ahora funcionaba como piso para esas importaciones.

La Comisión Nacional de Comercio Exterior (CNCE), el organismo técnico que analiza estos casos, estimó que existe una probabilidad de reincidencia de dumping, con un margen calculado en 3,72% a partir de las exportaciones chinas a terceros mercados, y documentó brechas de precio de entre 57% y 87% entre los accesorios chinos y los fabricados en el país, según el tipo de pieza. Sin embargo, el propio organismo recomendó no mantener vigente la protección durante el proceso de revisión, citando la antigüedad de la medida —vigente desde 2015 y renovada en 2021— y los buenos indicadores de rentabilidad y solvencia de la industria local.

El expediente incluye además el impacto que tuvo la protección vigente hasta ahora sobre el comercio bilateral: las importaciones de estos accesorios desde China saltaron 398% en volumen, de 83.000 kilos en 2023 a 412.800 kilos entre enero y abril de 2026. En el mismo lapso, la participación de la producción nacional en el mercado cayó de 96% a 46%, una pérdida de 49 puntos porcentuales frente al producto importado.

La decisión se enmarca en una serie de medidas del equipo económico que conduce Luis Caputo para reducir o suspender protecciones antidumping sobre productos importados desde China, en el marco de la estrategia de apertura comercial y baja de aranceles que impulsa el Gobierno como parte de su plan antiinflacionario. En julio, la cartera ya había flexibilizado una protección de cinco años sobre tubos de aluminio chinos con un criterio similar.

A partir de la publicación de la resolución, las partes interesadas —importadores y productores locales— tienen 30 días para presentar los formularios y la documentación que la CNCE utilizará para determinar si el dumping y el daño a la industria local persisten. Del resultado de ese examen dependerá si el derecho antidumping se restablece, se modifica o se elimina en forma definitiva; mientras tanto, los fabricantes nacionales de accesorios de tubería quedan expuestos a competir sin el piso de precio que los protegía desde 2021.