EE.UU. sancionó a la Corte Penal Internacional como institución: bloquea sus bienes y prohíbe a los estadounidenses operar con ella

El Departamento de Estado designó a la CPI bajo la orden ejecutiva 14203, horas después de que el Nobel de la Paz premiara a la exjueza Navi Pillay. El Tesoro dio una licencia de 180 días para que la corte siga funcionando mientras los Estados parte negocian con Washington.

Fuentes: Departamento de Estado de EE.UU., hoja informativa «Imposing Sanctions on the International Criminal Court» (9/10/2026), OFAC (Tesoro de EE.UU.), Times of Israel (AFP y Reuters), UPI y TASS.

El Departamento de Estado de EE.UU. anunció este viernes que designó a la Corte Penal Internacional (CPI) como entidad sancionada bajo la orden ejecutiva 14203, la norma con la que Donald Trump castiga al tribunal de La Haya. Hasta ahora, las sanciones alcanzaban a 17 personas, entre jueces y fiscales; desde hoy apuntan a la institución.

Según la hoja informativa oficial, todos los bienes e intereses de la CPI que estén en EE.UU. o en manos de personas estadounidenses quedan bloqueados y deben informarse a la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro. Salvo que exista una licencia, quedan prohibidas las transacciones de personas estadounidenses —o que pasen por EE.UU.— con la corte, incluido aportarle fondos, bienes o servicios, o recibirlos de ella.

Una licencia de 180 días para negociar

En paralelo, el Tesoro emitió cuatro licencias generales: una de 180 días que autoriza ciertas operaciones con la CPI, incluido el mantenimiento de su funcionamiento; otra para servicios informáticos, de nube y de software; otra para el plan de pensiones de la corte, y otra para actividades vinculadas con sus detenidos.

Washington explicó que el plazo de 180 días busca dar tiempo a los Estados parte para «demostrar avances significativos» en soluciones diplomáticas y legales a sus objeciones, y advirtió que esa licencia «puede ajustarse» según el éxito o el fracaso de esos esfuerzos.

El secretario de Estado, Marco Rubio, llamó a la CPI «corte rebelde» y dijo que la prohibición de transacciones busca cortarle los recursos. «O la CPI termina con sus amenazas, o nosotros terminaremos con la CPI», afirmó en su mensaje.

Rechazo de la corte y apoyo de aliados de EE.UU.

La CPI rechazó las sanciones y las calificó de ataque al derecho internacional que busca obstruir su trabajo, según la agencia AFP. Canadá, Dinamarca, Alemania, Francia, Italia, Japón, los Países Bajos y el Reino Unido firmaron una declaración conjunta de respaldo al tribunal y advirtieron que la medida lo afectaría significativamente si se aplica. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, celebró la decisión y describió a la corte como un «organismo político»; Amnistía Internacional la condenó.

Por qué importa

Es un salto de escala: Washington ya no apunta sólo a funcionarios, sino a la organización que juzga genocidio, crímenes de guerra y de lesa humanidad, y de la que forman parte más de 120 países, entre ellos la Argentina. Bancos, proveedores de tecnología y otras empresas estadounidenses —o que operan en EE.UU.— deberán revisar cualquier vínculo con el tribunal durante el período de licencia.

EE.UU. e Israel no son parte del Estatuto de Roma y rechazan que la corte investigue a sus ciudadanos; en 2024 la CPI emitió una orden de arresto contra Netanyahu. El anuncio llegó horas después de que el Comité Nobel noruego otorgara el Nobel de la Paz 2026 a Navi Pillay, exjueza de la CPI.

Qué sigue

La licencia de mantenimiento corre por 180 días: si no se prorroga ni se reemplaza, al vencer quedarían prohibidas para personas estadounidenses las operaciones que hoy permiten que la corte siga funcionando. El detalle técnico de cada licencia está publicado en el sitio de la OFAC.