Vandalismo rural: Diputados dio media sanción con 162 votos al proyecto que castiga con hasta diez años de prisión los daños a silobolsas, cultivos e instalaciones del campo

La Cámara de Diputados aprobó el miércoles 21 de octubre, por 162 votos a favor, 77 en contra y 1 abstención, el proyecto que incorpora al Código Penal el ingreso sin autorización a un campo (un mes a un año de prisión) y la destrucción de producción o infraestructura rural (dos a ocho años, hasta diez con agravantes). Hubo cambios en el recinto y parte de Unión por la Patria acompañó. Todavía no es ley: ahora debe tratarlo el Senado.

Actualización 22 de octubre, 00:15 ART: La Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de vandalismo rural por 162 votos a favor, 77 en contra y 1 abstención, durante la sesión especial que comenzó el miércoles 21 de octubre, según Parlamentario. El texto tuvo cambios que se anunciaron en el recinto y una parte de Unión por la Patria, que en comisión había firmado un dictamen alternativo encabezado por Ramiro Gutiérrez, terminó acompañándolo. Ahora deberá tratarlo el Senado.

La versión aprobada incorpora el artículo 150 bis, con prisión de un mes a un año para quien entre a un establecimiento rural contra la voluntad expresa o presunta de quien tenga derecho a excluirlo. Esa voluntad se presume ante alambrados, vallas, muros o señales de prohibición, y no hay delito si el ingreso responde a una necesidad justificada, a razones de auxilio o si no se distingue con claridad el límite con la vía pública. El máximo sube a dos años si el ingreso obstaculiza sustancialmente la actividad productiva o crea un peligro concreto para las personas, los animales o los cultivos.

El artículo 184 bis prevé de dos a ocho años de prisión y una multa de tres a doce veces el valor del daño para quien destruya o inutilice, entre otros bienes, cereales no cosechados, silobolsas, viñas, ganado o leña, y extiende la misma pena a los daños a instalaciones de provisión de energía o de extracción de agua. El mínimo se duplica si el autor es funcionario público o se dedica habitualmente a la actividad agropecuaria, y el máximo llega a diez años cuando actúan tres o más personas de manera coordinada, se pierde toda la producción en curso o se impide el ciclo productivo, su transporte o su comercialización, o hay violencia o amenazas contra las personas.

«Lo que este artículo protege es la libertad y la intimidad», dijo Ardohain al anunciar los cambios: aclaró que la propiedad ya está cubierta por las figuras de usurpación y daño. En contra, la diputada Myriam Bregman (Frente de Izquierda) sostuvo que el proyecto busca «blindar a las grandes corporaciones y a los grandes propietarios de la tierra» y destacó que se eliminó un artículo que, según dijo, preveía criminalizar opiniones en redes sociales.

Nota original, 7 de octubre:

El proyecto que incorpora el «vandalismo rural» al Código Penal consiguió el martes 6 de octubre dictamen de mayoría en un plenario de las comisiones de Legislación Penal y de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados, con 41 firmas sobre 66 diputados presentes, según La Nación y Los Andes. La iniciativa, del diputado pampeano Martín Ardohain (PRO), quedó en condiciones de ser tratada en el recinto. Se trata de un dictamen de comisión y todavía no es ley: falta la votación en el recinto de Diputados y, después, el tratamiento en el Senado.

El texto crea dos figuras. Un nuevo artículo 150 bis castiga con prisión de un mes a un año a quien ingrese sin autorización a un establecimiento rural. Un artículo 184 bis prevé de dos a ocho años de prisión, más una multa de tres a doce veces el valor del daño, para quien destruya o inutilice bienes del ciclo productivo: granos cosechados o almacenados —como los de los silobolsas—, cultivos, animales, alambrados, tranqueras, silos, bombas, generadores o paneles solares, según la descripción del proyecto publicada por La Nación y Bichos de Campo.

Según La Nación, el mínimo de la pena se duplica cuando el autor es funcionario público o se vale de conocimientos técnicos o de una posición de confianza. Bichos de Campo informó además que el proyecto modifica el artículo 209 para aumentar en un tercio la pena por la instigación pública a cometer estos delitos a través de medios de comunicación o plataformas digitales.

Quiénes lo firmaron y quiénes no

El dictamen de mayoría reunió a La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, Provincias Unidas y bloques provinciales, según Los Andes y Elonce. Unión por la Patria y el Frente de Izquierda presentaron dictámenes de minoría: Ramiro Gutiérrez (Unión por la Patria) consideró inconveniente el proyecto y advirtió sobre una «duplicación normativa» con figuras que ya existen, mientras que Myriam Bregman (FIT) lo cuestionó por entender que protege a los grandes propietarios. El plenario fue encabezado por la presidenta de Legislación Penal, Laura Rodríguez Machado.

«Este es un pedido del campo argentino», dijo Ardohain durante la reunión, según La Nación.

El reclamo de las entidades

La Sociedad Rural Argentina, Federación Agraria, CRA, Coninagro, CARBAP y la Fundación Barbechando habían respaldado la iniciativa en la reunión informativa del 25 de agosto, según Parlamentario.com. «Queremos que el campo deje de ser tierra de nadie», planteó Barbechando, de acuerdo con La Nación.

Qué sigue

Con el dictamen firmado, el proyecto quedó en condiciones de ir al recinto, donde se votó el 21 de octubre (ver la actualización al comienzo). Con la media sanción, pasa al Senado, donde deberá volver a ser tratado en comisión. Sólo si ambas cámaras lo aprueban se convertirá en ley.

Corrección: una versión anterior indicaba que Ardohain es diputado por Buenos Aires; representa a La Pampa.