Cuatro consumidores demandaron a Anthropic, OpenAI, Google y xAI por presunta colusión para ralentizar el desarrollo de la IA

Cuatro consumidores -Charles Buist y Nick Spetsas, de Florida, y Cheyenne Hunt y Christine Bullock, de California- presentaron el 18 de septiembre una demanda colectiva federal contra Anthropic PBC, OpenAI OpCo LLC, Google LLC y SpaceXAI (la firma de IA de Elon Musk conocida como xAI) ante la Corte Federal del Distrito Norte de California, en San Francisco, bajo la causa 3:26-cv-10693. La demanda invoca la Sección 1 de la Ley Sherman, que prohíbe los acuerdos entre competidores para restringir el comercio.

Según el escrito, las cuatro compañías controlan en conjunto "al menos el 80%" de las suscripciones pagas de asistentes de inteligencia artificial de uso general en Estados Unidos, y habrían acordado ilegalmente reducir la calidad de sus productos y el ritmo al que los mejoran, en perjuicio de los usuarios que pagan por esos servicios.

Como evidencia, los demandantes citan el ensayo publicado por el CEO de Anthropic, Dario Amodei, el 12 de septiembre, en el que propuso "ralentizar el ritmo" al que la industria mejora las capacidades de sus modelos, y las adhesiones públicas que llegaron poco después de Elon Musk, Sam Altman (OpenAI) y Demis Hassabis (Google DeepMind). También mencionan la carta "Pacing the Frontier", firmada en julio por 1.386 empleados de la industria de IA -que pide crear mecanismos gubernamentales o internacionales para moderar deliberadamente ese ritmo-, y sostienen que ese antecedente refleja la misma coordinación que denuncian. Devengado ya había cubierto tanto el ensayo de Amodei como el rechazo público que planteó Mark Zuckerberg a esa propuesta.

Los demandantes piden un juicio con jurado, daños triplicados conforme a la Ley Clayton y una orden judicial que prohíba a las empresas acordar límites de velocidad de desarrollo, topes de cómputo de entrenamiento, demoras coordinadas de lanzamientos o el intercambio de información competitiva sensible.

Se trata de una demanda civil en una etapa muy inicial, con acusaciones que todavía no fueron probadas en un tribunal: hasta el momento, ninguna de las cuatro compañías demandadas emitió una respuesta pública. La teoría legal es inusual porque intenta convertir compromisos públicos de seguridad -presentados por sus autores como una forma de autorregulación responsable- en evidencia de una colusión anticompetitiva, en momentos en que el ritmo de desarrollo de la IA ya es objeto de debate regulatorio en Estados Unidos y Europa.